Con la entrada en vigor de la Ley 7/2022, los ayuntamientos afrontan uno de los mayores cambios en la financiación de los residuos de las últimas décadas. La exigencia de una tasa no deficitaria está provocando ajustes fiscales, revisión de ordenanzas y un creciente escrutinio jurídico. En este artículo analizamos el impacto fiscal que esta normativa está teniendo en la administración local.
DIRECTIVA UE 2008/98/CE
Esta directiva fue el punto de partida de la legislación actual, la cual introdujo objetivos y conceptos normativos muy importantes:
- Introduce los conceptos de Prevención, Preparación para la Reutilización, Reciclado, Valorización y Eliminación, marcando el paso hacia un modelo de economía circular
- Introducción del principio del Pago por Generación.
- El objetivo de mínimo del 50% en peso de preparación para la reutilización y reciclado de residuos domésticos y similares para el año 2020.
Este fue el primer paso que obligó a los municipios a replantear sus sistemas de recogida y financiación.
DIRECTIVA UE 2018/851
Artículo 14 – Principio de quien contamina paga:
“Los costes de la gestión de residuos deberán ser sufragados por el productor inicial de los residuos, el poseedor actual o los anteriores poseedores de residuos. Las contribuciones financieras de los productores deberán cubrir los costes necesarios de la gestión de los residuos y no podrán exceder de dichos costes.”
Artículo 8 bis, apartado 4, letra c):
“Los costes de la gestión de residuos se determinarán y comunicarán con transparencia a los agentes económicos afectados, para garantizar que las contribuciones financieras se establezcan de forma equitativa y proporcional.”
Interpretación:
- Obliga a que las tasas de residuos sean proporcionales y transparentes, ajustadas al coste real del servicio, además de la individualización del coste por usuario o categoría (uso del suelo, superficie…)
- Impone a las administraciones la obligación de justificar públicamente los criterios de cálculo.
INFORME DE ALERTA TEMPRANA ESPAÑA 2018
Este informe de la Comisión Europea, alerta a España porque no estábamos llegando a los objetivos marcados en la directiva UE 2008/98/CE. En este informe se proponen 8 medidas para que se cumplan los objetivos, de los que destacamos la número tres:
“Introducción de impuestos sobre los residuos municipales obligatorios para los hogares, acompañados de una indicación sobre el nivel de valorización con unos costes mínimos para la gestión de residuos. Estos recursos financieros deben respaldar los cambios suficientes en la gestión y el tratamiento de residuos”.
Este informe buscaba dar un toque de atención para España, dándole la “recomendación” de imponer impuesto obligatorio dedicado exclusivamente a grabar la generación de residuos.
CONSECUENCIAS DE LA LEGISLACION EUROPEA
Como hemos podido analizar, los cambios en la legislación europea están afectando directamente a España y más concretamente las entidades locales en lo referente a la Recogida, Tratamiento y Fiscalización de los residuos.
El Pago por Generación y los objetivos ambientales de reciclaje marcados por las directivas europeas suponen un gran reto para la administración local, que actualmente no cuenta con medios técnicos y objetivos para medir el comportamiento ambiental los vecinos y empresas de sus municipios, esto está generando gran cantidad de recursos a nivel legal que están suponiendo grandes perdidas para los ayuntamientos, como por ejemplo, la reciente Sentencia del Ayuntamiento de Las Rozas.
En VerdApp convertimos el cambio legal en una oportunidad de modernización y gestión para el ayuntamiento, con nuestro sistema de comportamiento ambiental, medimos de manera eficaz el reciclaje del ciudadano, brindando una tasa justa y legal para municipios y ciudadanos.